Mucho se habla sobre la protección de datos personales en diferentes contextos. Pero, ¿sabes lo que significa y qué implicaciones tiene? En esta ocasión vamos a explicarte lo que es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en Ecuador, que se aprobó en 2021.
El objetivo de esta ley es garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos ecuatorianos a que se resguarden sus datos personales, a poder acceder libremente a dicha información y a decidir sobre ella. Para esto, la Ley “regula, prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela”.
El responsable del tratamiento de datos es quien controla, decide y se responsabiliza de los datos. Por su parte, el encargado del tratamiento es quien almacena los datos personales, pero no decide sobre ellos.
Toda empresa o entidad, sea pública o privada, domiciliada en Ecuador, que tenga y/o maneje datos personales debe cumplir esta normativa. Las empresas domiciliadas en otro país también deberán cumplirla siempre que los dueños de los datos estén residiendo en Ecuador y/o por las condiciones que mencionamos anteriormente.
La protección de tus datos personales es un derecho constitucional, incluido el acceso y la decisión sobre el uso de esa información. Tu consentimiento podría facultar a Banco Pichincha a ofrecerte productos y servicios personalizados, acorde a tu estilo de vida y necesidades. Por ejemplo: incrementar el cupo de tu tarjeta de crédito u ofrecerte un préstamo pre aprobado.
Si estás pensando que antes de que entre en vigencia esta Ley tus datos personales no estaban a buen recaudo, estás en un error y vamos a explicarte el porqué. El artículo 66 de la Constitución de la República, en su numeral 19, reconoce y garantiza “el derecho a la protección de datos carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos personales requerirán la autorización del titular o el mandato de ley».
En palabras más sencillas, la Constitución asegura la protección de datos como un derecho y este se respeta.